Trabajadores de Vialidad reclaman el cierre de Corredores Viales, empresa paraestatal creada por el macrismo

Trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacional realizaron una radio abierta donde enunciaron una serie reclamos, entre ellos el rechazo a la privatización de las funciones del organismo.

Reclaman la derogación del decreto 794/2017 que creó a Corredores Viales S.A., empresa que tomó funciones de Vialidad. También el pase a planta permanente de trabajadores de la misma y la adecuada provisión de los elementos de trabajo para aquellos que se encuentran haciendo el mantenimiento de las rutas.

Julio Aralde, secretario General de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), denunció en las puertas de esa administración pública que “mientras las rutas estén en manos de Corredores Viales nuestros puestos de trabajo están en peligro. El decreto macrista que creó una empresa paralela con las mismas funciones de Vialidad debe ser abolido”

El dirigente recordó que Vialidad viene sufriendo “un saqueo desde la dictadura militar cuando les sacaron los recursos específicos, luego en el menemato, con los peajes acentuó el desguace y hoy sabemos que no sirvió para nada. Ninguna privatización realizada en esa época sirvió para nada. Lo dicen todos los gobiernos, pero nadie los levanta. Es solo discurso. ¿Dónde están las acciones de los gobiernos que nosotros votamos para que eso se corrija?

Aralde agregó que “hoy no solo estamos pagando un peaje para pasar por una ruta, sino también la reparación de los camiones de carga que sufren las consecuencias por la falta de mantenimiento de las rutas. Esas empresas terminan cargando esos gastos en el precio de los productos que trasladan. En definitiva, termina pagando el pueblo”.

Los trabajadores de Vialidad manifestaron que “El Estado nacional es víctima de la cartelización de la obra pública en un proceso iniciado a finales de los años ´70 que al día de hoy sigue teniendo sus consecuencias. Nosotros planteamos que necesitamos empezar a revertir estos procesos “.

Fabián Cattanzaro, secretario de Prensa de la federación detalló que “Vialidad tiene más de 20 mil kilómetros bajo su órbita, con un 60% que está en mal estado. Se ha arrasado con el personal, con las cuadrillas de conservación. Estamos frente a este desafío, discutir el rol estratégico del Estado y de Vialidad asegurando la conectividad. Tenemos que insertarnos en la discusión sobre soberanía, de unir los diferentes puntos del país”.

“Con la administración de Vialidad (Gustavo Arrieta) y el ministro de Obras Públicas (Gabriel Katopodis) coincidimos en las obras. Vialidad hace el proyecto, la supervisión, pero la columna vertebral de nuestro organismo es el mantimiento y nosotros necesitamos un plan para llevarlo a cabo. Apuntamos a reestablecer las funciones de Vialidad. Estamos luchando contra estos poderes que quieren quedarse con las obras y el mantenimiento“.

Durante la radio abierta del que participaron además de la federación, ATE, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) entre otras, Aralde insistió en que el pedido es porque “defendemos al Estado y Corredores Viales no es Estado. Corredores es el revolver que nos pusieron en la cabeza y que esta con el gatillo remontado. Falta que venga un gobierno como el de Macri para que al gatillo le quiten el seguro”, ejemplificó.

Reclamaron asimismo a la administración que “agilice los trámites de pase a planta permanente de los y las trabajadoras de Vialidad Nacional. Que ponga énfasis y reequipe tanto en recursos humanos como técnicos a los diferentes distritos para hacer mantenimiento de rutina”.

Corredores Viales S.A.  es una empresa creada en 2017 mediante un decreto por el gobierno de Mauricio Macri con el objetivo inicial de tomar posesión de las concesiones que tenía Cristobal López en Autopista Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, ambas finalizadas intempestivamente cuando el empresario fue encarcelado. Desde FEPEVINA denuncian que tuvo un interés más oscuro que fue “duplicar las funciones” y “desguazar” a Vialidad Nacional y “generando un mecanismo de triangulación de fondos del sector público al privado sobre rutas que se encuentran bajo la órbita nacional“.