Hacer que cristalice en forma de Ley para la Argentina un objetivo prioritario de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, es el propósito que impulsa el presidente Alberto Fernández quien envió al Congreso nacional el proyecto de Ley para ratificar el Convenio 190 de la OIT que prevé la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. La periodista Laura Benítez comparte su informe al respecto.
“Tal como lo había adelantado durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional, el pasado 1° de marzo, -destaca- el Presidente envió el proyecto por el cual Argentina deberá adaptar las normativas y regulaciones locales a lo que establece el Organismo internacional”.
La iniciativa, -agrega- que ingresó en las Cámaras de Diputados y Senadores, lleva las firmas de Fernández y el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Algo que venían militando desde arco gremial y el conjunto de Mujeres sindicalistas.
“El Convenio N° 190 -argumenta- resulta fundamental tanto para la prevención como para la erradicación de la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas al Estado con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática”, resaltó el presidente en el escrito que arribó al Congreso.
“El proyecto de ratificación plantea obligaciones para el Estado en cuanto a disponer políticas públicas que garanticen la eliminación de todo tipo de violencia y acoso en el ámbito público, privado, formal, informal, en zona urbana o rural”.
“Si bien en Argentina existe jurisprudencia que reconoce la violencia y el acoso laboral como incumplimiento de las obligaciones patronales y violación de los derechos humanos, -explica Benítez- el Convenio 190 fija un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral, que tiene en cuenta las consideraciones de género”.“El Convenio 190 y su recomendación 206 fue aprobado en junio del año pasado por la OIT -gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países que forman parte-, con 439 votos a favor, siete en contra y 30 abstenciones”.
“Tal como está planteado, establece un marco para que los países adopten medidas para conquistar ambientes laborales libres de violencia y acoso”.
“Asimismo, si bien sostiene que la definición de violencia y acoso cambian de país en país, la OIT define y sanciona “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto ocasionar o que sean susceptibles de ocasionar daño físico, psicológico, sexual o económico”. El instrumento, sancionado por la OIT en junio del 2019, prevé el derecho de todo trabajador o trabajadora a un mundo laboral libre de violencias -como el abuso físico y verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual y las amenazas, entre otros actos- y contempla las ejercidas por razones de género. Asimismo, reconoce que las mujeres y niñas son las que más sufren esta problemática y registra el impacto de la violencia doméstica en el ámbito laboral. Además, entre sus novedades, plantea una nueva concepción del espacio de trabajo -más allá del espacio físico- y contempla lo que pasa en redes, whatsapp, eventos laborales o encuentros en la vía pública, como lugares en los que también se puede sufrir violencia o acoso. A su vez establece como regla en los procesos de reclamo la inversión de la carga de la prueba, si procede, según el caso”.
“La Recomendación 206 -que acompaña el Convenio- sugiere que violencia y acoso en el ámbito laboral se contemple en los Convenios Colectivos de Trabajo que rigen las actividades, al tiempo que sean considerados en las discusiones paritarias”.
“De ser ratificado por el Congreso, -advierte-, Argentina sería el primer país en hacerlo. Pero los pasos no son tan sencillos. Luego de la ratificación legislativa, la oficina de la OIT en Ginebra debe ser notificada y, a partir de ahí, avanzar en adecuar todo el sistema normativo nacional al Convenio 190. Para eso, cada Nación cuenta con un plazo de 12 meses. Todo, siempre y cuando otro país, en simultáneo, siga los mismos pasos -para poner en vigencia el Convenio-. Hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación. Una vez ratificado por el Congreso, adquirirá la misma jerarquía de los tratados internacionales y deberá ser cumplido por el Estado, que asume una responsabilidad internacional” -concluye Laura Benítez-.
