SERGIO ARELOVICH. Un decreto presidencial  para tomar deuda,  sumergido  en la ilegalidad.

Por Rodrigo Marcoligese   –

El presidente Javier Milei  firmó un DNU para avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este decreto busca autorizar la reestructuración de la deuda existente y fortalecer las reservas internacionales del Banco Central. Sin embargo la medida ha generado críticas, especialmente de la oposición, que cuestiona la falta de detalles técnicos y el uso del DNU en lugar de un proyecto de ley. Sobre este tema, dialogó con Comunas, Sergio Arelovich destacado economista conocido por su rol como coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (M.A.T.E.), una organización que analiza temas económicos y laborales.

Arelovich señaló que el Decreto presidencial sobre la toma de deuda entra en un terreno de ilegalidad legislativa, “ya que la Constitución y la ley promovida por Martín Guzmán establecen que este tipo de decisiones deben pasar por el Congreso”. Además, advierte que el Congreso podría calificar esta deuda como «odiosa» y rechazarla en el futuro.  En ese orden subrayó la importancia de respetar los procesos legislativos y evitar decisiones unilaterales que puedan ser cuestionadas en el futuro.

Sergio Arelovich es además, docente universitario y ha trabajado como asesor en áreas relacionadas con la economía y el seguimiento de políticas públicas. Su enfoque se centra en la planificación estratégica, la redistribución del ingreso y el análisis crítico de las políticas económicas nacionales e internacionales.

El  experto  explicó  el uso  que  pretende  dar el Gobierno a los fondos obtenidos,  para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y otras obligaciones financieras.  Al respecto, criticó  la narrativa del gobierno,  y señaló que aunque el préstamo aumentará las reservas internacionales, también incrementará el pasivo del Tesoro Nacional, dejando al Banco Central en la misma posición patrimonial.

Opinó que  el préstamo no se utilizará para acumular dinero, sino para cancelar deudas del Tesoro con el Banco Central. “Esto cambiará la composición de la deuda, reemplazando al Banco Central como acreedor por el Fondo Monetario Internacional (FMI, lo que somete a Argentina a mayores riesgos e inseguridades-advirtió Arelovich quien también se refirió a las obligaciones preexistentes con el FMI y que  siguen siendo significativas, con pagos de capital e intereses que aumentarán progresivamente en los próximos años. Además, la deuda original de 44,500 millones de dólares, gestionada por Guzmán y Caputo, sigue  teniendo un peso importante.

Al formular  la pregunta de cuántos dólares debemos al FMI  en este momento, el especialista  detalló  que la deuda por capital sin intereses vencidos son   42,000 millones-  “O sea que tomamos 44,500,  se cancelaron un conjunto de deudas de capital, se pagó aportes de interés y seguimos debiendo 42 mil millones,  más los 15,000 millones de dólares de intereses que conforman los créditos vigentes que tenemos ahora ,  a lo cual se sumaría este nuevo préstamo que no sabemos exactamente cuánto saldría”.

Del mismo modo,  el economista abordó el impacto de la política estadounidense especialmente bajo el  liderazgo de Donald Trump,  y alertó “podría afectar negativamente la deuda argentina. Una devaluación del dólar incrementaría el compromiso de Argentina con el FMI, haciendo que el préstamo sea un «pésimo negocio.»

Finalmente, habló de  la Inflación y  su  impacto real en el poder adquisitivo, y  sostuvo desde M.A.T.E., que  estudia  relevamientos oficiales del INDEC,  pero que la inflación real supera el 100%, afectando gravemente a los hogares argentinos.  Consideró que un indicador de inflación para analizar la evolución de los ingresos de los asalariados,  debe considerar la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios necesarios para atender las necesidades de los trabajadores. Y contrapuso que  aunque el gobierno afirma que el poder adquisitivo se ha recuperado en los últimos meses, esta mejora no compensa las pérdidas acumuladas desde 2023 y gran parte del 2024.

En suma,  el   economista  no solo puso en  tela de juicio  la ilegalidad y  falta de transparencia del gobierno   de reestructurar  mediante un DNU, la deuda con el Fondo, sino que   destacó los riesgos  de cambiar al FMI como acreedor principal, ya que aumenta la vulnerabilidad de Argentina, dado que las condiciones del FMI suelen ser más estrictas y menos flexibles que las de un acreedor estatal como el Banco Central.

Llamó  su atención sobre   la inflación descontrolada y el aumento de tarifas  que han golpeado duramente a los sectores más vulnerables, especialmente a los trabajadores con ingresos fijos y los jubilados; desde  otro ángulo alertó sobre  la dependencia de Argentina de factores externos, como la política monetaria de Estados Unidos, resaltando  la fragilidad de su economía frente a cambios globales, y criticó, en suma,  la falta de claridad en el discurso del gobierno, que según él, confunde deliberadamente a la población sobre el impacto real del préstamo y la deuda.