Rechazo masivo al proyecto de IRSA para construir un barrio en la ex Ciudad Deportiva
La mayoría de los planteos en contra coincidieron en el impacto ambiental que la edificación del complejo Costa Urbana, impulsado por el Gobierno de la Ciudad, provocaría en el ecosistema de humedal costero.
La audiencia pública convocada por la Legislatura porteña para que los habitantes de la Capital Federal opinen sobre el proyecto inmobiliario que la empresa IRSA, con el apoyo del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quiere construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca, finalizó este lunes con un total de 835 oradores, de los cuales 821 rechazaron las llamadas «torres de lujo».
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la campaña «Costanera Verde Pública», que reúne a organizaciones ambientales y políticas como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, La Defensoría de Laburantes y la CTA-Autónoma, entre otros.
La audiencia tuvo en total 14 jornadas y comenzó el 15 de octubre último, y de acuerdo al relevamiento, solo 14 oradores se manifestaron a favor del proyecto de IRSA.
Los principales argumentos que los vecinos y referentes expusieron para rechazar el emprendimiento inmobiliario fueron su «impacto ambiental negativo» y su contribución a «profundizar la crisis habitacional» en la ciudad.
«Humedal sí, torres no. No al pacto Rodríguez Larreta-IRSA. No a la especulación inmobiliaria, sí a la vivienda popular y digna», dijo uno de los oradores, Esteban Paulino García, de la Comuna 4.
El proyecto de IRSA para la ex Ciudad Deportiva consiste en un nuevo barrio, «Costa Urbana», que tendrá unas 6.000 viviendas, además de comercios, hoteles y un amarradero de yates.
El nuevo barrio ocuparía 24 hectáreas de las 71 que tiene el predio, ubicado a orillas del Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Voces en contra del proyecto
Un convenio «desventajoso» para la Ciudad
El convenio urbanístico entre IRSA y el Gobierno de la Ciudad contempla que, a cambio de la autorización para construir edificios de hasta 45 pisos, en un predio habilitado actualmente solo para equipamiento deportivo, la empresa cederá una parte del terreno como espacio público y se encargará de su mantenimiento por 10 años.
Además, dará una contraprestación económica al Ejecutivo local.
Al respecto, Viviana Miglioli, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, dijo que «este acuerdo es desventajoso para la Ciudad de Buenos Aires, para la calidad de vida de sus habitantes, sus intereses materiales y ambientales; además de que viola toda la legislación posible y carece de legitimación por parte del pueblo».
Respecto a la legislación, varios de los vecinos que intervinieron en la audiencia mencionaron que, según la Constitución de la Ciudad, la ribera porteña del Río de la Plata debe ser «pública y de acceso irrestricto», además de que obliga al Estado local a «preservar e incrementar» los espacios verdes costeros.
(Télam)