Protesta 19M: piden a la Justicia que prohíba el uso de armas letales y detenciones arbitrarias
El diputado nacional Juan Marino, junto al patrocinio del Dr. Denis Damián Turnes, de la organización Liberpueblo, presentó un habeas corpus preventivo de carácter colectivo ante el Juzgado Criminal y Correccional N°8, con el objetivo de resguardar la integridad física y la libertad de los manifestantes que participarán mañana en la Ciudad de Buenos Aires en la marcha en defensa de los derechos de los jubilados.
Por Matías Benítez
La acción judicial, basada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 23.098, solicita que el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno porteño adopten una serie de medidas concretas, entre ellas:
– La prohibición del uso de pistolas lanza gases y otras armas potencialmente letales durante la protesta, tanto en la movilización como en su desconcentración.
– La instrucción a las fuerzas de seguridad para evitar detenciones arbitrarias, ilegítimas o infundadas.
– La inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal en caso de que se produzcan detenciones, garantizando el acceso de abogados y funcionarios a los detenidos.
– La adopción de directivas claras para impedir el uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal de seguridad.
El recurso fue presentado luego de los graves incidentes ocurridos el pasado 12 de marzo, donde el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido de gravedad tras recibir un disparo de una pistola lanza gases, en un operativo de represión que también dejó decenas de heridos y más de 100 detenciones arbitrarias. El efectivo responsable, identificado como cabo primero Guerrero, forma parte de la Gendarmería Nacional, y el accionar represivo fue ampliamente documentado por la prensa.
«El riesgo es concreto e inminente. No sólo está en juego el derecho a la protesta, sino la integridad física y la vida de quienes participan o simplemente transiten por la zona», expresó Marino, quien denunció además la criminalización de la protesta social por parte del actual gobierno.
El diputado recordó que las pistolas lanza gases fueron prohibidas en 2010 tras la muerte del maestro Carlos Fuentealba, pero la actual gestión derogó dicha normativa, permitiendo su uso nuevamente.
Finalmente, el habeas corpus subraya la especial vulnerabilidad de los jubilados, protegidos por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Constitución Nacional, y reclama que el Estado garantice los derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse sin ser reprimidos.
El pedido de organizaciones internacionales para proteger la movilización social
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y más de 35 organizaciones internacionales y regionales han expresado su profunda preocupación por la reciente represión a la protesta social en Argentina. En un comunicado titulado «Argentina debe proteger la movilización social, no acallarla», destacan los siguientes puntos:
Uso desproporcionado de la fuerza: Las fuerzas de seguridad actuaron de manera abusiva y desmedida durante la «marcha por los jubilados» del 12 de marzo, contraviniendo estándares internacionales que protegen el derecho a la protesta.
Heridos y detenciones arbitrarias: Más de veinte personas fueron hospitalizadas y 114 detenidas, incluyendo a dos niños. Las detenciones carecieron de fundamentos claros y los detenidos fueron liberados por falta de información sobre los motivos.
Uso de armas potencialmente letales: Se denunció el empleo de pistolas lanzagases, previamente prohibidas en manifestaciones, una de las cuales hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo. Esta prohibición fue levantada por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023.
Criminalización de la protesta: La normativa actual considera delito cualquier manifestación que implique cortes de calles o rutas, habilitando a las fuerzas de seguridad a dispersarlas y recabar información para posibles criminalizaciones posteriores.
Las organizaciones instan al gobierno argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, proteger el derecho a la protesta y evitar medidas que busquen acallar la movilización social.
