El Concejo Deliberante aceptó la dimisión del edil investigado por el delito de falsedad ideológica y defraudación a la administración pública. El concejal había realizado dos pedidos de licencia después de viajar a Miami en plena cuarentena. El informe de un perito caligráfico sostiene que las firmas no le pertenecen.
El cuerpo legislativo en formato semipresencial aceptó la renuncia de Emiliano Catena a la banca de JxC. El ahora ex concejal había comunicado su decisión a través de redes sociales desde la ciudad de Miami. La renuncia se dio tras la denuncia judicial presentada por el presidente Jorge Laviuzza y la conformación de una comisión investigadora en el HCD.
Todo se originó por el pedido de licencia de Catena cuando se encontraba fuera del país mientras regía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Una de las notas fue presentada por el secretario del bloque de Juntos por el Cambio Walter Anzorena, que lo reemplazará en la banca, y la otra nota rectificatoria de la primera, presentada por la diputada provincial María Eugenia Brizzi.
El abogado y perito en seguros que dimitió había explicado que el pedido de licencia ingresó con posterioridad porque la mesa de entrada del HCD estaba cerrada producto de la cuarentena obligatoria. Entre las razones de la renuncia, Catena escribió en twitter desde los Estados Unidos de Norteamérica: “Luego de instalar mentiras con periodistas pauta-dependientes, revocaron mi licencia y me instan a volver mientras (por el trabajo de su mamá y el jardín a media jornada por la pandemia), tengo el compromiso de cuidar a mi hija cada día acá. Compromiso inclaudicable”.
El presidente del bloque de JxC Juan Nardo sostuvo: “Optamos por preservar la integridad de nuestro compañero que con total libertad decidió renunciar al cargo y seguir acompañando desde otro lugar y que sea la justicia quien juzgue el comportamiento del concejal Catena y no nosotros. Creo que el tema está agotado”.
En la sesión en la que se aprobó la renuncia, la concejal de Grande Morón Vanesa Sossa explicó: “La firma no era la de él. Hay que ser responsable, cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de sus actos. Y me hubiera gustado saber de quién era la firma”.
“Conformar esta comisión investigadora no es grato para la mayoría de los integrantes del cuerpo, pero cumplimos nuestro rol de funcionarios públicos porque existe una denuncia penal”, sostuvo Gabriel Barquero (Frente de Todos) y en la misma línea Alejandra Liquitay (Juntos por el Cambio) aclaró: “No se quiso hacer un circo político ni una persecución, era nuestra obligación pública”.
En los próximos días se definirá si la comisión investigadora integrada por todos los bloques continuará indagando y cuáles serán sus alcances o si se disolverá, aunque Catena deberá enfrentar la causa penal en la justicia que prevé penas de 1 a 10 años de prisión.
