El Gobierno de Mauricio Macri postuló al abogado de un represor para que represente al país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de Carlos Horacio de Casas, quien se encargó de defender al ex subjefe de inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar, Enrique Blas Gómez Saa.
Quien elevó la propuesta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue la Secretaría de DD.HH. y Pluriculturalidad de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, a través de la Cancillería, y con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano.
La participación de De Casas como defensor del represor consistió en evitar que el juicio nunca se lleve a cabo. Finalmente Gómez Saa fue declarado inimputable por incapacidad mental. El caso de este defensor de milicos se puede sumar, en estos últimas días, a las declaraciones de Gómez Centurión cuestionando el número de desaparecidos por la dictadura cívico militar. ¿Cómo puede ser que un ex carapintada, que se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín, no solo ocupe un cargo como el de ser titular de Aduana, sino que opine de tal forma y que desde Cambiemos busquen minimizar sus dichos y que todo continúe como si nada?
Esto sucede porque para que haya poder político tiene que haber poder simbólico y legitimación. Entendiendo por poder simbólico a «ese poder invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o que lo ejercen» (Bourdieu); considerándolo un instrumento de dominación a través de las ideologías, las culturas, los medios de comunicación, naturalizándolo en la sociedad.
Es así como se puede ver en la Argentina de hoy, que la mayoría de los medios de comunicación operan para condicionar la opinión pública. Lo hemos visto en el editorial de La Nación al día siguiente de la asunción de Macri como presidente, cuando se pide por la prisión domiciliaria para aquellos represores decrépitos que han sido condenados años atrás. En la misma línea Jorge Lanata días atrás escribió en Clarín que hay una idea de superioridad moral de la cual hay un sector que dice tener la autoridad de imponer las condiciones de repensar la historia Argentina y su presente, y a quien le atribuye esta cuestión es ni más ni menos que a Estela de Carlotto, y advierte que es parte del “credo Kirchnerista” entender que “quienes murieron (asesinados por los militares) fueron los mejores”.
Este es el pie que utiliza Lanata para salir a defender los dichos de Gómez Centurión atribuyendo que tiene derecho a decir lo que piensa y que no le da tristeza lo que dice. Luego utiliza una serie de preguntas retóricas para concluir su opinión con balas para el Kirchnerismo y los organismos de DD.HH. Se pregunta: “¿Responderán a la sociedad por el robo en los planes de vivienda? ¿Y por sus hijos favorecidos en política? ¿Les darán la libertad a los chicos recuperados de llevar el apellido que quieran? ¿Estarán dispuestos a escuchar?”.
Las palabras de Jorge Lanata, son apenas un ejemplo, de cómo se busca reinventar el debate setentista en torno a la figura de la teoría de los dos demonios, actualizándolo a dos nuevos polos opuestos: Kirchneristas y Macristas. Cualquier barbaridad que comete el gobierno, se busca responsabilizar a la gestión anterior incluso en errores tan políticos como simbólicos. Es así que se termina legitimando que personas vinculadas a la última dictadura cívico militar puedan llegar nuevamente a tener cargos estatales, y que gran parte de la sociedad continúe reproduciendo y aceptando el negacionismo que expresa Cambiemos.
Por Matías Russo.
