La salud mental ha cobrado en los últimos años una atención renovada en el debate público global. Sin embargo, en Argentina, este tema continúa siendo relegado a un segundo plano, a pesar de que el país enfrenta una crisis latente que afecta a millones de personas. Es imperioso que se implemente una legislación robusta y efectiva que garantice el derecho a la salud mental como un componente clave del bienestar integral de la población.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro argentinos podría sufrir algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, el acceso a tratamientos adecuados y a servicios de salud mental sigue siendo limitado, especialmente en regiones rurales y en sectores vulnerables de la población. La falta de recursos, la estigmatización de los trastornos mentales y la escasez de profesionales capacitados son solo algunas de las barreras que enfrentan aquellos que buscan ayuda.
La Ley 26657 de Salud Mental, promulgada en 2010 y reglamentada en 2013, fue un avance significativo, pero su implementación ha sido desigual y muchas de sus disposiciones aún no se cumplen. Es esencial reforzar su cumplimiento y actualizarla a las realidades actuales, especialmente a la luz del impacto devastador que la pandemia de COVID-19 ha tenido en la salud mental de la población. Los efectos de la ansiedad, la depresión y otros trastornos han sido palpables, evidenciando la necesidad de un enfoque que contemple la salud mental como una prioridad de salud pública, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a la atención necesaria.
La educación y la sensibilización en salud mental son fundamentales para desestigmatizar estos problemas y fomentar una cultura de apoyo y empatía. La salud mental no es un tema aislado, está íntimamente relacionado con otros aspectos de la vida, como la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. Además, debe incluir programas de prevención y promoción, dirigidos a grupos de riesgo y a la población en general.
Es importante que la voz de quienes padecen trastornos mentales sea tomada en cuenta en la formulación de políticas y leyes. Las trágicas noticias de fallecimientos que últimamente ocupan titulares en los medios de comunicación y posteos en redes sociales, a causa de problemas de salud mental, vuelven a encender las alarmas porque si bien puede aparecer a cualquier edad, con mayor frecuencia se produce en la infancia y adolescencia.
La salud mental no puede seguir siendo el pariente pobre de la salud pública en Argentina. Es hora que la política comprenda que legislar sobre este tema no es solo una cuestión de justicia social, sino una inversión en el futuro del país. El bienestar de las personas es la base sobre la que se construye una nación más fuerte y resiliente. Un compromiso con la salud mental es un compromiso con el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Francisco Manuel Silva
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