Escándalo en la causa D’Onofrio sacude a ex funcionarios viales y salpica al gobierno de Axel Kicillof
Las áreas apuntadas son la de Unidad Gobernador y Transporte. Denuncias revelan un entramado de favores en seguridad vial.
Una serie de explosivas declaraciones del abogado Matías Germán Trejo, especialista en seguridad vial, titular de la empresa perjudicada DAFETY VIAL SA, y con fuertes vínculos con TNG GROUP SA como expresa en su declaración en la causa seguida por SECUTRANS SA, han destapado una compleja trama de irregularidades administrativas que comprometen a exfuncionarios de la administración provincial y de la gestión de Jorge D’Onofrio y alcanzan a integrantes actuales del gobierno bonaerense de Axel Kicillof con cargos en Unidad Gobernador y Ministerio de Transporte.
La investigación judicial en curso podría sacar a la luz graves irregularidades en la aprobación de radares y sistemas de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Según las denuncias del abogado vial, funcionarios bonaerenses habrían acelerado trámites administrativos en beneficio de la empresa CECAITRA, lo que podría derivar en la nulidad de miles de multas. Para ello será determinante las fechas de las aprobaciones y altas administrativas para determinar las responsabilidades de los funcionarios. La ampliación de la pesquisa judicial sería inminente.
Radares aprobados en tiempo récord
Uno de los ejes de la denuncia apunta al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Ministerio de Transporte, donde se habrían aprobado dispositivos de control vial con una rapidez inusual.
Entre los señalados para ampliar la investigación se encontraría Sandra Mayol, expresidenta del INTI en la gestión simultánea Nacional-Provincia en el Área de transporte Massa-D’Onofrio, quien habría dado luz verde a los radares de CECAITRA en tiempo récord según se desprende de informes periodísticos y de la declaración del afectado. Hoy, Mayol ocupa un cargo clave como Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional de Transporte de la Provincia, en estrecha relación con Martín Marinucci y con fuertes vínculos con el Presidente de la Cámara de Diputados Alexis Guerrera.
Otro de los nombres en la mira es el del comisario Alejandro Blanco, quien supervisó la validación de estos dispositivos y hoy dirige la Dirección Provincial de Aptitud Psicofísica para Conductores del Transporte Público, secundado en el por su par Pablo Sanguinetti Director Vial y como autoridad máxima del área el actual subsecretario de Transporte, Damián Contreras quien ocupaba en ese entonces el cargo de Subsecretario Vial de la gestión de D’Onofrio, quien según fuentes judiciales ya habría prestado una declaración testimonial inicial en la causa y se espera su próxima ampliación.
El escándalo no solo afecta a exfuncionarios de D’Onofrio, sino que podría alcanzar a actuales integrantes del gobierno de Axel Kicillof. La pesquisa se ampliaría a la etapa en que seguridad vial pertenecía a la subsecretaría de transporte a cargo de Alejo Supply, hoy subsecretario de Gestión de Peticiones de la Unidad Gobernador y su jefe de Gabinete Rodrigo Lynch, y Federico Pedersoli Castellani, quien era responsable del área de radares.
Además, se ampliaría la investigación a Víctor Augusto Stephens, funcionario del INTI de la Subsecretaría de Mayol, quien habría sido contratado por el Ministerio de Transporte actual.
Mientras las investigaciones avanzan, todos estos funcionarios siguen ocupando sus cargos, lo que genera interrogantes entre los ciudadanos bonaerenses que han sido perjudicados por multas que ahora podrían declararse nulas.
¿Impunidad o justicia?
El caso está en manos de la fiscalía de Álvaro Garganta, que ya analiza pedir documentación clave. Sin embargo, no hay indicios de sanciones inmediatas ni cambios en la gestión, lo que despierta preocupación sobre la transparencia del sistema de seguridad vial en la provincia.
