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Escándalo de las Fotomultas: Silencio oficial y red de exfuncionarios involucrados

Un allanamiento con drones de la justicia bonaerense destapa una trama de irregularidades.

El escándalo de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires sigue creciendo, mientras las máximas autoridades provinciales permanecen en silencio.

La reciente intervención de la justicia en la empresa CECAITRA, ejecutada con un despliegue mediático inusual por parte de la justicia Bonaerense junto a la Procuración Bonaerense mediante el uso de drones al estilo de operativos contra el narcotráfico como se pudo ver en los medios televisivos que replicaron casi en simultáneo los hechos, confirma la magnitud de las irregularidades denunciadas.

La investigación se centra en una presunta maniobra fraudulenta vinculada a la gestión de multas de tránsito en la que aparecen involucrados exfuncionarios de distintas administraciones. Las denuncias han sido encabezadas por el Director de Apoyo Administrativo Vial, Jorge Orzali, y el subsecretario Eduardo Feijoo, ambos vinculados al Ministerio de Transporte en la gestión de Sergio Massa.

Una red de exfuncionarios viales en la mira

El ex asesor vial Matías Germán Trejo, hoy propietario de Safetial SA y uno de los principales denunciantes, habría señalado la existencia de un entramado de exfuncionarios que podrían haber participado en la maniobra durante los últimos años. Entre ellos se mencionan: Federico Pedersoli, actualmente funcionario de la subsecretaría de la Gobernación bonaerense a cargo de Alejo Supply (ex subsecretario vial); Marcela Meijide y Cristina Tavolaro hoy funcionaria del gobierno de Javier Milei en Trenes Argentinos; Víctor Sthepens, actualmente empleado de CECAITRA; Mariano  Hidalgo, funcionario municipal en Malvinas Argentinas; y Pablo Sanguinetti que precedió al denunciante Jorge Orzali.

Las denuncias apuntan a que esta red de exfuncionarios habría favorecido un esquema fraudulento de fotomultas, generando actas de infracción que, según los denunciantes, son nulas de nulidad absoluta.

El silencio de las autoridades y el reclamo de la Defensoría del Pueblo

A pesar de la gravedad del caso, las máximas autoridades provinciales han evitado pronunciarse frente a los escándalos que vienen denunciando los nuevos hombres de Massa. Entre ellos, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Gobierno Carli Bianco, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alexis Guerrera a quien los diputados piden que intervenga en el plano legislativo para cesar los escándalos con la ley vial que afecta a miles de bonaerenses.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, enfrenta el reclamo ciudadano para que intervenga en el caso y garantice la protección de los conductores bonaerenses, quienes han sido víctimas de un sistema de multas que hoy se encuentra bajo la lupa judicial.

Milei observa el caos bonaerense y prepara medidas contra las mafias de fotomultas. Desde el gobierno nacional, el presidente y su candidato a Gobernador siguen de cerca el caso, con la intención de erradicar estas irregularidades si logran avanzar en el control político de la provincia.

 Multas nulas en más de 70 municipios.

El escándalo de las fotomultas afecta a municipios de toda la provincia. Según las denuncias, las actas de infracción son nulas y se debe pedir en los Juzgados de faltas en localidades como Campana, Chascomus, Chivilcoy, Dolores, Escobar, Madariaga, Hurlingham, La Matanza, La Plata, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Moreno, Morón, Necochea, Olavarría, Pergamino, Pila, Pilar, Pinamar, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Villarino, entre otros.

El esquema de fotomultas, que inicialmente operaba bajo CECAITRA, se ha fragmentado con la entrada de nuevas empresas proveedoras, entre ellas Tránsito Seguro y TNG Group, que ahora controla el mercado.

Conclusión: ¿Quién pondrá orden en el caos?

Mientras la justicia avanza en la investigación, el gobernador Axel Kicillof enfrenta la presión para tomar medidas y frenar lo que parece ser una red de corrupción enquistada en el sistema de fotomultas. En paralelo, Martín Marinucci tiene en sus manos la posibilidad de anular todas las multas cuestionadas, evitando incumplir sus deberes como funcionario público.

Los bonaerenses esperan respuestas y acciones concretas. En un contexto de crisis y desconfianza, la transparencia y la decisión política serán claves para erradicar un esquema de multas que ha sido denunciado como ilegítimo y abusivo debiendo recurrir a los juzgados de faltas para impugnar las mismas y a la espera de la nulidad masiva del Ministro de Transporte.

 

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