Por Matías Russo.
El combo del norteamericano apuñalado una decena de veces, un ladrón asesinado por un oficial de civil, sumado a la filmación del hecho más el apoyo del Poder Ejecutivo hizo que el caso tomara una trascendencia mediática poco habitual. No fue el primero ni el último, fue uno más de los 300 casos de gatillo fácil por año. Un muerto por violencia institucional cada 25 horas en el gobierno de Mauricio Macri, según el informe de la CORREPI.
Sin embargo, este caso despertó en la grieta argentina un nuevo debate fogoneado por el Poder Ejecutivo Nacional. Macri recibiendo a Chocobar y manifestándole orgullo por lo cometido, entrometiéndose en una decisión judicial, pero al fin y acabo la voz del presidente fue apoyada por Marcos Peña, Larreta y Vidal.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no fue solo una voz más del discurso oficial, avaló el asesinato del delincuente amparándose en un “cambio de doctrina” que impulsa el Gobierno en el que “la policía no es culpable del enfrentamiento”. Patricia Bullrich fue más allá y apuntó a modificar el Código Penal: “vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”, explicó la ministra.
El problema no radica en darle mayor credibilidad y herramientas judiciales para combatir delincuentes, la cuestión está en legitimar la arbitrariedad de cuando matar y cuando no por parte del policía, que en el caso de tener un entrenamiento extenso y adecuado podrían llegar a tener la autoridad moral y profesional para saber cómo actuar en casos extremos. Sin embargo en Argentina las fuerzas de seguridad no son un cuerpo de elite, por lo general son jóvenes de bajos recursos que se anotan en la policía para tener dinero fácil y rápido con menos de medio año de preparación. Pleno siglo XXI y las fuerzas de seguridad siguen entrenando en un campo de tiro, aislados de la sociedad, sin contacto con estudios humanísticos que realmente los formen como personas y no como herramientas de represión para el gobierno de turno. Otro aspecto a cuestionar de esta doctrina Bullrich es el hecho de que los policías además de escasa preparación profesional, cobran sueldos por los cuales la mayoría se cuestiona arriesgar la vida a cambio de poca paga. ¿Qué sale de un oficial sin estudios, con poca paga y con impunidad para actuar otorgada por el propio gobierno?
¿Fueron imprudentes, apresuradas e injustas las declaraciones del Gobierno? Desde su óptica para nada, y están avalados por encuestas que ellos mismos encargan, donde al evaluar el impacto del caso Chocobar, un 80% estuvo de acuerdo con el accionar del policía. Durán Barba fue más allá, fiel a su estilo sin filtro está al borde de una discusión de la que puede no haber vuelta atrás. El consultor ecuatoriano dijo:«La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte».
Discutir la pena de muerte significa un retroceso a nivel histórico, mundial y humanístico para la Argentina. No lo digo desde una mirada progre, sino desde la óptica de la eficiencia. ¿Cuánto se redujo el delito en los países que aplican la pena capital?
La ONG Amnistía Internacional presiona a los gobiernos a abolir la pena de muerte porque “no existe una sola prueba fehaciente de que sea un factor disuasorio para delincuentes y criminales”, y solamente se usa para “fines políticos”.
Continuando con su crítica a los gobiernos, Amnistía Internacional advierte que «los políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de muerte como justificación para su uso». «Sin embargo, las encuestas tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública», argumentó y profundizó que «cuando se tienen en cuenta factores como el riesgo de una ejecución errónea y la parcialidad de los juicios, el apoyo público a la pena de muerte disminuye».
Estados Unidos, emblema en la instalación de la pena de muerte es un claro ejemplo de que matar a un delincuente no mejora los índices de inseguridad. 31 de los 50 estados mantienen la pena capital, sin embargo los 19 que abolieron la pena de muerte presentan índices menores o iguales en cuanto a la inseguridad comparado con los lugares donde se presenta la muerte como solución.
Canadá por su parte, similar a Estados Unidos en cuanto a estabilidad económica, democrática e institucional desde que abolió la pena de muerte a mediados de los ´70 redujo la cantidad de homicidios en comparación con EE.UU que ha tenido altibajos manteniendo una condición de estabilidad en cuanto al índice de homicidios cada 100.000 habitantes.
Para 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en 23 países, entre los que se destacan China, Estados Unidos, Irán, Irak, Pakistán, Arabia Saudí… Como argentinos que tenemos como norte, como país a imitar, ¿los mencionados anteriormente o Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca…?
La solución no radica en quitar la vida de los delincuentes, sino en la combinación de una serie de factores en los que se destaca además de educación e inclusión social, un sistema penitenciario apegado al estado de derecho y valorando por sobre todas las cosas el derecho a la vida.
