El Gobierno de Gerardo Morales aplicará multas de hasta $2 millones por las protestas contra la reforma constitucional
Mientras continúan las protestas contra la reforma constitucional en distintos puntos de la provincia, el Gobierno de Jujuy anunció que aplicará multas de hasta dos millones de pesos a los manifestantes. Hay más de 150 imputados, entre ellos algunos involucrados en los violentos incidentes de semanas atrás.
”Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos”, informó este martes el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
“La Policía de la provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corten las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, agregó el funcionario de la administración de Gerardo Morales sobre la sumatoria de multas, que “pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos”.
Según precisó el ministro, los procesos iniciados corresponden a los cortes de ruta que suceden desde hace más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo enfrentamientos contra las fuerzas policiales como la violenta jornada del pasado 20 de junio cuando el gobernador radical y precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta presidió la jura de la reforma de la Constitución local mientras había piquetes en distintos lugares de la capital jujeña.
En la misma sintonía, el fiscal de Estado de la provincia, Miguel Rivas, explicó que continúa denunciando ante la Justicia local la perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la que sucedió el primero de los enfrentamientos con la policía en el ingreso a Purmamarca.
“Se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional”, señaló Rivas, quien enfatizó que “de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas” y que “se va a instar a que, de forma inmediata, se proceda a la detención efectiva de los delincuentes”.
Al volver a indicar que el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales, Rivas apuntó que se buscará que “se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito”, tanto para los “autores materiales, cómplices e instigadores” y que pueden sumar “hasta 25 años de cárcel”.
El fiscal de Estado agregó que se aboga por “embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos” y que “se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial”, que estiman en “una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos”. Este monto tiene que ver con los incendios que hubo en las inmediaciones de la Legislatura provincial y las lesiones producidas a los integrantes de las fuerzas de seguridad en medio de los enfrentamientos con los piqueteros.
