Dudas sobre la paz social en Vaca Muerta: los gremios esperan más de 1.000 despidos y suspensiones

La operación de la petrolera en Vaca Muerta.

La estructura productiva de Vaca Muerta podría enfrentar en los próximos días el fin de la paz social entre las empresas y los sindicatos. La perspectiva de que las compañías envíen una nueva tanda de telegramas de suspensión y despidos está movilizando a los gremios que ya adelantaron que no aceptarán pérdidas de puestos de trabajo.

Los sindicatos de Jerárquicos y Petroleros Privados se encuentran en alerta y ya convocaron a una reunión de delegados y asamblea ante el inminente despido de 1.200 trabajadores de las empresas de servicios especiales. “Yo no permito suspensiones ni despidos”, aseguró el titular de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, tras reconocer que desde las empresas de servicios especiales “están diciendo que van a despedir a 1.200 trabajadores”.

 Teniendo en cuanta las operaciones declaradas en agosto, en menos de cuatro meses y post decreto de congelamiento del valor de los combustibles, las operaciones en Vaca Muerta pasaron de 700 fracturas a casi 300 por mes y ya hubo casi 2.000 cesantías.

Hasta ahora las compañías Schlumberger y H&P son dos de las que ya tomaron medidas de achique en el país y están discutiendo en la secretaría de Trabajo una salida pero no serían las únicas y el gremio prepara.

De concretarse ese rumor, la zona del país que concentró al mayor cantidad de inversión externa directa del país, volverá a tener focos de conflictividad. Y así lo aclaró el titular del gremio de los petroleros Guillermo Pereyra a Infobae quien aseguró que hay “mucha preocupación” respecto de la cantidad de despidos que podrían llegar.

Empresarios, sindicatos y gobernadores señalan al Decreto 566 que congeló el combustible como el principal factor desestabilizador.

“Nosotros –por los sindicatos– firmamos la paz social, pero las empresas también tienen que cuidar la paz social y ser responsables” disparó Pereyra. “Desde el decreto de Mauricio Macri que congeló los combustibles se alteró la producción y las empresas de servicios están cesanteando gente y las petroleras están dando de baja torres”, agregó.

Según las estimaciones de los sindicatos, desde que el gobierno nacional decidió modificar el escenario para las inversiones el sector cesanteó casi 2.000 trabajadores. Y la productividad en la zona bajó a la mitad pasando de 680 etapas de fractura en agosto a poco más de 300 en la actualidad, señaló Pereyra.

Pereyra está haciendo llegar a las empresas un plan para evitar los despidos. “Nosotros lo que estamos proponiendo es que sea 17 de trabajo por 7 de descanso, como es el acuerdo, más otros 7 días de suspensión cobrando. La otra opción que proponemos es que en aquellas empresas donde están trabajando 12 horas se reduzca el horario y pueda contener a más trabajadores”.

 Los sindicatos proponen para que no haya despidos que la jornada laboral que es de 14 por 7 días de descanso, sume otros 7 días más bajo el modelo de suspensión con el pago mínimo.

Todos culpan al Decreto 566 que congeló el combustible que afectó a Vaca Muerta, pero también señalan a Alberto Fernández por la falta de definiciones. “Todos hablan que hay que cuidar y proteger a Vaca Muerta pero las decisiones de Macri y de Fernández jugaron en contra”, señalan en off the record desde una compañía con inversiones en la zona.

Mañana martes se reunirán nuevamente los delegados de los gremios y comenzarán a delinear el plan de acción frente a la posibilidad de que se concrete una nueva ola de despidos. Además, volverán a pedir a las empresas que esperen a la asunción de Fernández para tomar decisiones definitivas como son los despidos.

Demandas provinciales.

Pero mientras los gremios discuten, las empresas suspenden, las provincias siguen adelante con los reclamos judiciales por el Decreto 566 frente a la Corte Suprema de la Nación y le reclaman $2.400 millones al Estado Nacional.

Los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez (der), y Río Negro, Alberto Weretilneck (izq), demandan al Estado Nacional por regalías perdidas.

Río Negro y Neuquén decidieron mantener la demanda que realizaron reclamando $600 millones y $1.800 en concepto de regalías que dejaron de cobrar por daños causados en la recaudación de ingresos.

Ahora la Corte Suprema deberá definir si las provincias tienen razón y, en todo caso, será la administración Fernández quién deberá enfrentar el costo de la medida.