Diputados creó una comisión para investigar a Milei por la criptoestafa

La oposición logró horadar el blindaje de que disfrutaba el oficialismo en Diputados. Por 128 votos a 93, aprobó una comisión investigadora del papel jugado por el presidente Milei en la criptoestafa. También se aprobó la interpelación de ministros clave como Francos, Caputo y Cúneo Libarona, que deberán responder por el escándalo, que ya generó causas judiciales en Argentina, Estados Unidos y España.Diputados creó una comisión investigadora e interpelará a cuatro funcionarios  A pesar de las presiones de la Casa Rosada, la oposición logró citar a Francos, Caputo, Silva y Cúneo Libarona y avanzar con el esclarecimiento del escándalo.

A casi dos meses del escándalo de la criptoestafa $LIBRA, que tiene al presidente Javier Milei en la mira de la justicia argentina y estadounidense, el blindaje libertario comenzó a mostrar sus primeras fisuras. La oposición logró avanzar con la creación de la comisión investigadora, junto con la interpelación a funcionarios y el envío de pedidos de informes al Ejecutivo. El primer triunfo de la oposición fue reunir el quórum para abrir la sesión, pese a las maniobras del oficialismo por impedirlo. El anuncio de que el Gobierno enviaría el 16 de abril —un día antes del inicio del fin de semana largo por Semana Santa— a Guillermo Francos para responder preguntas generó más rechazo que adhesiones. Tampoco faltaron los llamados urgentes desde la Casa Rosada a los gobernadores “amigos” para comprar voluntades. Pero la estrategia perdió efecto y el dique, finalmente, se resquebrajó. Fueron 130 diputados que sumaron los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica con la ayuda de los cordobeses que responden a Martín Llaryora y tres catamarqueños alineados con Raul Jalil que permitieron poner en marcha la sesión. Además, la oposición empujó al oficialismo a abrir el debate en comisiones para resolver el vencimiento de la moratoria previsional.

El oficialismo perdió el control de la agenda parlamentaria y el Congreso logró ponerlo contra las cuerdas. Milei y sus funcionarios quedaron bajo la lupa del Congreso. Con 128 votos afirmativos, 93 en contra y 7 abstenciones, se aprobó la creación de una comisión investigadora impulsada por Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano. El objetivo: esclarecer la responsabilidad del Presidente en la promoción de la criptomoneda $Libra desde su cuenta personal de Twitter, en medio de una denuncia por estafas millonarias. “Al Congreso no puede darle lo mismo si hay un Presidente timbeando”, lanzó Juliano durante su exposición, marcando el tono de lo que se venía. El cuerpo estará integrado por 24 diputados y comenzará a sesionar el miércoles 23 de abril con su primera reunión constitutiva. Los bloques deberán definir a sus representantes antes del viernes, y Martín Menem, presidente de la Cámara, tendrá plazo hasta el 16 para oficializar su conformación. Unión por la Patria tendrá la mayor cantidad de representantes dentro de la comisión y, según el reglamento votado, tiene la potestad de designar a su presidente. Aunque al cierre de esta edición las negociaciones no estaban avanzadas —pocos legisladores creían posible que la iniciativa se aprobara—, un diputado del espacio señaló a este diario que “sería conveniente designar a alguien de otra fuerza para que no se obturen las iniciativas”.

El trabajo articulado de Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Paula Penacca (Unión por la Patria), Carla Carrizo (Democracia Para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue clave para construir el quórum. Los nervios y las dudas, sin embargo, seguían incluso cuando la chicharra anunció el inicio de la sesión. “Traigo a Catamarca”, dijo a Página/12 un diputado de Unión por la Patria, mientras mostraba con orgullo cómo tres de sus cuatro compañeros de esa provincia avanzaban hacia sus bancas. La otra sorpresa la dieron los cuatro cordobeses que responden a Llaryora: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres. Finalmente, la UCR aportó dos apoyos decisivos: Julio Cobos y Fabio Quetglas. Así se superó el número esperado y con 130 diputados en sus bancas la Cámara Baja comenzó a sesionar. Una fuente que dialogó con este diario explicó que la caída del presidente en las encuestas animó a los gobernadores a rebelarse.

La ofensiva parlamentaria no se limita a la figura presidencial. Con 131 votos afirmativos y 96 en contra, Diputados aprobó también la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La citación fue programada para el martes 22 de abril a las 14 horas. Aunque un sector de la oposición impulsó también la presencia de Karina Milei, las dudas sobre el encuadre formal de su cargo —que podría darle margen para excusarse—, junto con las presiones del Ejecutivo, terminaron por dejarla fuera de la lista. Pese a eso, los legisladores descontaban que su citación será inevitable una vez que empiece a funcionar la comisión investigadora. “No podemos convalidar con nuestra inacción y nuestro silencio que reine la impunidad”, disparó el diputado Juan Marino de UxP, una de las voces más duras. También recordó que el caso $LIBRA dejó al descubierto otro escándalo paralelo: el sistema de cobros para acceder a una reunión con el Presidente.

Desde el bloque Encuentro Federal insistieron en la falta de explicaciones por parte del Gobierno y en las posibles consecuencias institucionales del escándalo. “Llegamos con la convicción de que una explicación es necesaria y que el Gobierno no la ha sabido dar, o lo que sería peor: no la ha querido dar”, advirtió Nicolás Massot. El diputado fue uno de los primeros en señalar directamente a Martín Menem cuando llevó al recinto los rumores que circulaban sobre el titular de la Cámara: “Demuestre usted que no está sospechado”, le reclamó durante una sesión semanas atrás. Miguel Ángel Pichetto también advirtió: “Los abogados que aglutinan damnificados van a venir por el Estado argentino”, marcando el riesgo judicial que se abre para la administración nacional.

El libertario Nicolás Mayoraz, a cargo del dictamen de minoría, intentó resistir la embestida. Calificó la comisión investigadora como “un circo”, mientras que la diputada del PRO, Silvina Giudici, colaboró con sus aliados y se quejó del tono general del debate: “Plantean un escenario donde el Congreso, en vez de ejercer su tarea de control, de equilibrio de poder y de respeto por la división de poderes, busca exceder los reglamentos y traer una discusión chicanera, donde lo único que se persigue es dañar” le dijo a sus pares.

La investigación

La comisión investigadora, aprobada con el respaldo de una mayoría opositora, tendrá amplias facultades para indagar el escándalo. Podrá recibir denuncias escritas u orales, así como material probatorio; requerir y tomar declaraciones informativas o testimoniales; y remitir oficios, solicitar informes o pedir documentación tanto a organismos públicos como privados. Esas atribuciones, que podrían comprometer seriamente al Presidente y a varios de sus funcionarios, encendieron todas las alarmas en el oficialismo. El Gobierno intentó por todos los medios hacer caer la sesión: primero logró frenar el avance en el Senado, pero en Diputados fracasó. La avanzada opositora se concretó a menos de una semana del rechazo en el Senado a los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema propuestos a dedo por Javier Milei, y apenas 24 horas antes de una nueva jornada de protesta que obligó al oficialismo a suspender el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta, justo en la antesala del paro general convocado por la CGT.

Mientras el Congreso promete sumar presión, el frente judicial se expande. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó rastrear las billeteras virtuales vinculadas a $LIBRA para seguir la ruta del dinero y facilitar la recuperación de activos. En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano pidió analizar la evolución patrimonial de Javier y Karina Milei, en busca de posibles vínculos con maniobras de enriquecimiento ilícito. El caso también cruzó fronteras: el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició su propia investigación por presunto fraude transnacional y Timothy Treanor, un exfiscal neoyorquino, prepara una denuncia penal contra el Presidente, que podría convertirse en la segunda querella en suelo estadounidense.

FUENTE.   Por Paula Marussich-Página 12