«Sabiendo que estamos necesitados y no nos alcanzan, se burlan de nosotros y se ríen», dijo uno de los manifestantes entrevistado en C5N, quien afirmó que hizo 35 años de aportes y que «acá hay más miembros de las fuerzas que jubilados y encima se enojan que vengan chicos a apoyarnos, que mañana van a ser jubilados». Otro entrevistado aseguró que se manifestaron bajo la modalidad del «semaforazo»: sólo bajaban a la calle cuando el semáforo estaba en rojo.

Además de haber detenido a un hombre, identificado como Mariano Lambertoti, los servicios de emergencias médicas informaron una decena de heridos por la acción policial, especialmente por el gas lacrimógeno. Todos fueron atendidos en el vallado policial. Hacia la tarde, otra fila de manifestantes se movilizó hacia Plaza de Mayo, para continuar en simultáneo en Casa Rosada con las protestas por mejores ingresos jubilatorios. El operativo allí lo condujo la Policía de la Ciudad y no se registraron heridos.

Proyectos de reforma jubilatoria

Dentro de la Cámara de Diputados, se presentaron distintos proyectos de reforma previsional que se espera ser tratados después del duelo decretado por la muerte del papa Francisco. El que cuenta con modificaciones más sensibles es el del rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal), que diseñaron un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que flexibiliza el acceso a coberturas previsionales pero le otorga incidencia a la cantidad de aportes, para que exista un criterio de proporcionalidad a la hora de establecer las retribuciones. Aunque no estipula pisos ni topes numéricos -estarían sujetados a programas ya existentes-, generaría una reforma integral del esquema previsional argentino.

Unión por la Patria aportó una tanda de proyectos. Transversalmente, los caracteriza el impacto inmediato en los haberes jubilatorios. Uno de ellos propone la prórroga del esquema de moratoria previsional vencido el pasado 23 de marzo por dos años (aunque hay una redacción del mismo peronismo que busca extenderlo por una década). El mismo objetivo tiene una redacción del Frente de Izquierda.

Además, desde el peronismo apuntan a incrementar de forma excepcional por única vez un 15% las jubilaciones y pensiones, excluyendo a quienes gozan de regímenes especiales y ofreciendo un suplemento a quienes, aún con el aumento, no alcancen el valor de la canasta básica total. El último pretende actualizar el bono de $70.000 para llevarlo a $131.622, cifra a la que se llega al incorporar a ese valor la inflación desde marzo del 2024.

Dentro del espectro opositor, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentó dos iniciativas: la primera para que las mujeres puedan percibir la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) desde los 60 años y la segunda para crear una Prestación Proporcional que «reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores» que aportaron entre 10 y 29 años. Como no alcanzan la cantidad de aportes para cobrar la jubilación mínima, se sujetarían a un esquema en donde recibirían un porcentaje de la Prestación Básica Universal (PBU), con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

Un proyecto similar fue enviado por el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), que también busca diseñar un modelo que les permita a los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes recibir un ingreso superior a la PUAM pero menor a la jubilación mínima. También se ata a la PBU (en marzo del 2025, es del $127.685,44) y a un porcentaje vinculado al tiempo de aporte para definir los haberes. «Están hablando con otro bloques para acordar una propuesta común», le dijeron desde el entorno del diputado a Ámbito.

A estos se le suma la Coalición Cívica, con un proyecto firmado por todos los miembros de la bancada que toma de referencia la PUAM y propone -para aquellos trabajadores que no alcanzan la totalidad de los aportes- incrementos del 2% por cada año aportado hasta alcanzar el 95% del haber mínimo jubilatorio. A esto le suma otra redacción que propone un incremento extraordinario del 12,5% para las prestaciones «conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor» y apunta a establecer este indicador como parámetro para escalonar progresivos aumentos mensuales.