EDUARDO BARCESAT –  Fue una opereta judicial y un acto bochornoso en el seno de la Corte Suprema

Por Rodrigo Marcoligese    –

Finalmente, tal como se esperaba, el Juez García-Mansilla  renunció  a la Corte Suprema entre justificaciones y acusaciones y sin mencionar en   una carta enviada a Javier Milei,  el escándalo institucional de su designación a dedo por parte del Presidente. Comunas buscó argumentos  en la sabiduría de Eduardo Barcesat, destacado abogado constitucionalista conocido por su defensa de los derechos humanos y su participación en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Barcesat  calificó de opereta jurídica lo ocurrido,   y un acto bochornoso  en el seno de la Corte Suprema del  Poder judicial.

¿Un final esperado?

Lo deseable ocurrió.

 La especulación venía de la mano de  la mano de la Casa Rosada-Se rumoreaba el fin de semana que  él quería renunciar y La Rosada no quería, y  ya se hizo   efectiva su renuncia ¿estamos ante el peor momento de injerencia entre los poderes?

Bueno, creo que en el conflicto de poderes  ha empezado a resolverse. Te diría que es el primer paso ahora,  el  Poder ejecutivo requiere la apelación de Per saltum que introdujo porque el tema devino abstracto.

Ya con la renuncia del doctor García Mansilla no tiene sentido que se bregue por su permanencia en los cargos,- aclaró  Barcesat-,  a  menos que el Poder ejecutivo con esa particular insistencia que tiene en quebrar la Constitución y desobedecer la supremacía, insista en que se deje sin efecto la Resolución suspensiva que dictó el juez Alejo Ramos Padilla.

Entiendo, repito que la cuestión ha de venido abstracta;  esto lo sabe cualquier abogado litigante,  ahora es de esperar que el Poder Ejecutivo actúe en consecuencia,  o que se le tenga desistido  por la Corte Suprema, el  Per Saltum en atención a la renuncia del doctor García-Mansilla.

Dos problemas subsisten;-explicó el jurista-;  uno primero transitorio,  pero no sin  importancia que es el examen de la validez de los  los votos que emitió en el período de su ejercicio antijurídico de la designación después de la Corte Suprema.

En principio, como toda nulidad constitucional la que ha dispuesto el Senado de la nación en ejercicio de incumbencia propia, significa una nulidad absoluta insanable,  por lo tanto, volver al momento previo al de la emisión de sus votos;   y esto crea por supuesto una situación de incertidumbre de jurisdiccional,  porque no se sabe si los votos son válidos o no,  y de otra parte fortalece la impugnación del mal obrar del Poder Ejecutivo, dado que ni el mismo beneficiario ha querido  soportar las consecuencias del mal obrar que perpetraron en su momento,  cuando el Poder Ejecutivo lo designa en Comisión-

 ¿Renunció  por temor a un juicio político? Cree que se avecinaba?

El juicio político correspondía,  pero yo diría que era  previsible la renuncia del doctor García Mansilla,  porque ya se cometió  el  estropicio institucional  instigado por el Poder ejecutivo  y no  era sensato insistir en el estropicio, de manera que creo ha tomado las mejores resoluciones posibles.

Además, el recurso extraordinario Per Saltum que promovió el Poder Ejecutivo respecto del fallo del doctor Alejo Ramos Padilla que le impedía al juez de la Corte  firmar resoluciones, ha devenido ahora en cuestión abstracta.

El asunto complicado  es que pasaba con los fallos  ya  emitidos. En derecho las nulidades constitucionales son absolutas e insanables.   Así que habría que volver al momento previo  al del juramento, que lo habilitó a firmar resoluciones, y anular sus votos.  Esto sería lo que corresponde, pero  a veces “salomónicamente”  la Corte ha generado una doctrina de que cuando se vuelve atrás por una nulidad, los fallos emitidos no pierden su validez. Por lo cual  pone sin perjuicio de la validez de los votos emitidos.   Yo no propicio esa solución, pero  informo que en la historia de la jurisprudencia de la corte frente a procederes institucionalmente bruscos  ha adoptado ese criterio.

Lo otro que debo señalar es que la renuncia del Dr. García Mansilla acentúa  la ilegalidad de obras del Poder Ejecutivo porque evidentemente si él entendiera que el  Poder Ejecutivo obró correctamente,  se habría quedado en el puesto y luchado por su permanencia sustancia.

-Está reconociendo el mal obrar.

Por  supuesto,  es indiscutible esto y entiendo que en esto pone al Poder Ejecutivo en situación de pedido de  juicio político y tal vez también una responsabilidad por violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad.   De las dos formas,  se trata también de una lección de derecho,  de quebrantar es claro texto constitucional,  porque no hay ninguna duda para ningún operador del Derecho,  de que son distintos  incisos y destinatarios,  los incisos que se refieren a los jueces del Poder  Judicial de la nación tienen  un  tratamiento más  gravoso por el número de votos que tienen que reunir para el acuerdo del senado; y por el procedimiento previo de exhibición de antecedentes, recepción de  avales, y luego  su tratamiento  en audiencia pública,  es muy distinto de lo de los funcionarios del poder ejecutivo de alto rango,  que cuando ascienden un grado en el escalafón,  requieren también de un acuerdo del Senado,  pero sin audiencia previa, sin exhibición de antecedentes  y por mayoría simple de Votos.

Ahora,  si esto no lo saben distinguir quienes trabajaron en el decreto ante el Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos que refrenda la firma del presidente  Milei; y la secretaría Legal y Técnica que obviamente debería haber tomado intervención en este decreto en cuestión, bueno no podemos  justificar estas ignorancias del derecho,  mucho menos la prepotencia institucional.

Pensando en esto que la Corte Suprema de igual manera le tome juramento a García Mancilla este error de cálculo que tuvo que es inusual para gente con tantos años de experiencia ¿a qué se lo atribuís?

“Bueno se lo atribuyo a esta complicidad con el poder político de turno que hace que la escena la justicia haya perdido totalmente credibilidad,  y que lleva a estos actos de inopinables casi  opereta jurisdiccional, esto  amerita  que los tres integrantes actuales de la Corte Suprema  sean sometidos a juicio político porque obviamente no podían desconocer el texto constitucional y su operatividad.

Es más, el Dr. Lorenzetti, que siendo presidente de la corte bajo el gobierno de Mauricio Macri,  comunicó la decisión de esa Corte al Poder ejecutivo,   de que no se le iba a tomar Juramento en Comisión a los doctores  Rosatti y Rosenkrantz, si no  venían  con el acuerdo del Senado.  Ahora nada cambio en la Constitución desde esa fecha  año 2016 hasta ahora como para justificar un cambio de opinión de los Ministros de la Corte. Es bochornoso lo que ha ocurrido en el seno de la Corte Suprema de la nación.