Escándalo de las fotomultas: ¿Por qué Guillermo Montenegro buscó ocultar el allanamiento de la Justicia?

Pese a que buscan ocultar el tema, mientras la Justicia avanza con la investigación surgen nuevos datos sobre el escándalo de las fotomultas y el presunto entramado de recaudación millonaria que hay detrás e involucra a políticos y empresarios de los dos lados del mostrador.

Más de una decena de municipios están siendo investigados por la sospecha de la existencia de un sistema irregular de cobro a partir de las infracciones de tránsito registradas por los cinemómetros instalados en las principales calles y avenidas de los distritos involucrados. La Justicia apunta a posibles desvíos de fondos hacia fundaciones universitarias con un esquema armado y vendido a las comunas como verificado.

El juez Juan Manuel Culotta, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, firmó las órdenes de allanamiento para buscar documentación en las distintas dependencias municipales a raíz de los posible ilícitos de adulteración de documentos públicos, asociación ilícita, lavado de activos, incumplimiento deberes de funcionario público, evasión fiscal y tributaria. La medida la impulsó el fiscal Paulo Starc a partir de información proporcionada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga este tema con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como parte del entramado de donde se desprende que la distribución y manejo con la UNSAM era escandaloso. En efecto, la participación de las universidades como la de San Martín (UNSAM), que cede lo recaudado a la Fundación Universidad Nacional de San Martín, generó sospechas a partir de no figurar en el registro de proveedores.

Uno de los municipios investigados es General Pueyrredón, a cargo de Guillermo Montenegro, quien mantiene un convenio firmado con la UNSAM. El palacio municipal marplatense fue allanado a fines de diciembre, hecho que el Gobierno local buscó ocultar y finalmente terminó saliendo a la luz. 
El procedimiento judicial ocurrió el pasado 27 de diciembre. El portal de noticias Qué Digital consultó al intendente por el caso, pero la respuesta fue que no había existido dicho operativo. En este marco, concejales de Unión por la Patria presentaron un proyecto exigiendo al Ejecutivo local que aclare lo sucedido. Finalmente desde la Justicia confirmaron que el allanamiento efectivamente había sucedido.

El convenio entre la administración a cargo de Montenegro y la UNSAM rige desde noviembre de 2022, hecho que se produjo bajo otro manto de sospecha ya que se ordenó implementar el sistema de fotomultas en Mar del Plata sin el debido tratamiento legislativo y en contra de dictámenes del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En aquella oportunidad desde la oposición calificaron de “turbio” el convenio firmado y acusaron a Montenegro de “entregar a dedo un negocio millonario”.  «De cada 100 pesos que el vecino va a pagar, sólo 24 quedan en la ciudad: el resto se lo llevan afuera y no va a generar trabajo acá”, cuestionaron dejando la certeza que el 70% de lo pagado por cada marplatense en nuna multa se va a manos de privados quienes hacen ostentación de sus ingresos.

Con respecto al acuerdo firmado por Montenegro, en General Pueyrredón la distribución de los fondos vinculados a las fotomultas se da de la siguiente manera: 20% del total va para la Provincia y el resto se reparte en un 70% para la Universidad y 30% para el Municipio y nada dice del empresario privado que suministra los radares. Las inconsistencias de los contratos reservados, y la distribución de los montos encendió las alarmas en la Justicia.

El juez Culotta señaló que «las inconsistencias aparecen en la distribución del 80%, donde los municipios reciben solo entre el 15% y el 30% de cada infracción, mientras que el resto queda en manos de las empresas prestatarias o universidades». Esto podría constituir una defraudación al erario público municipal.
Las empresas Secutrans y Tránsito Seguro son algunas de las principales proveedoras de este servicio y estarían obteniendo cifras millonarias gracias a estas irregularidades como sucede en el municipio de General Pueyrredon, sumado a la falta de cinemómetros de la empresa proveedora local marplatense que le suministra la empresa fundadora que se encuentra en desguace. El empresario detrás de este negocio millonario es el mediático Leandro Camani, proveedor de cinemómetros y los equipos con los que se mide la velocidad en la provincia de Buenos Aires.

Camani fue quien a fines del año pasado impulsó una denuncia contra Jorge D´Onofrio, quien debió renunciar a su cargo como Ministro de Transporte y mantiene en alerta y orden al nuevo Ministro. Según consignó Data Clave, se sospecha de una operación política de la familia Barrionuevo, quien justamente apadrina al «rey de las fotomultas».

Empresario y “hombre de la noche”, Camani tejió una red de contactos políticos que le permitió escalar con sus empresas en los distintos distritos. Si bien sus orígenes fueron con Maria Eugenia Vidal y su secretario de transporte Mariano Campos, su crecimiento exponencial fue junto al jefe gastronómico, llegando a desbancar a su competidor directo CECAITRA.

Su nombre trascendió años atrás con el caso del Boliche Beara donde murieron dos mujeres de 20 años por negligencia. El trágico episodio ocurrió en 2010 y en las grabaciones de la causa había una serie de conversaciones de Camani, quien en sus orígenes fue Gestor Municipal, en las que se adjudicaba haber sido él quien gestionó la habilitación ilegal de Beara. Finalmente fue absuelto en 2022. Previamente, en 2000 tuvo una causa de la que fue sobreseído por extinción de la acción penal, por circular por las calles con documentos falsos, informó Data Clave.

Dentro del clan Barrionuevo, sería Sandra, la hija del sindicalista, la que mantiene una estrecha relación con el empresario. También se menciona a Alejandro Barrionuevo, otro de los hijos de Luis y hermano de Sandra, como directivo de Tránsito Seguro, una de las empresas de Camani.

Pese al avance de la Justicia en la investigación, fuentes consultadas por Agencia Comunas apuntan a que Camani estaría protegido también por el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, a quien acusan de hacer “oídos sordos” por el vínculo de familiaridad que mantiene con el empresario a través de su jefe político en conjunto con su amigo de una famosa parrilla de Figueroa Alcorta que logra la unión Montenegro-Camani-Marinucci con el visto bueno de dos pesos pesados como son la dupla MASSA-BARRIONUEVO mientras que el Gobernador Axel Kicillof no logra destrabar la interna con los intendentes investigados por la justicia federal.

Esta semana el propio Marinucci  mantuvo una reunión con dirigentes de la ciudad balnearia. Recibió al senador provincial Pablo Obeid y al presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, para abordar proyectos estratégicos en materia de transporte y desarrollo portuario. En efecto, abordaron la necesidad de reforzar la fiscalización en el transporte, con el objetivo de reducir la siniestralidad vehicular en la zona, reveló el portal Info Brisas. Según se informó al término del encuentro, los dirigentes se comprometieron a impulsar medidas de control que garanticen mayor seguridad en rutas y accesos.
Resta preguntarnos ¿quién controla y pone fin a la caja de las fotomultas y evita que los ciudadanos marplatenses no sean víctimas de un negocio millonario ?