Un juez de Pehuajó ordenó a Milei reactivar las obras en una treintena de barrios populares
El Juzgado Federal de Pehuajó dispuso medidas para la continuidad del FISU y emplazó al Estado nacional a presentar un plan de acción en barrios populares en tres meses.
Por Andrea Lazaro
El titular del Juzgado Federal de Pehuajó, Andrés Heim, ordenó al gobierno de Javier Milei garantizar la continuidad de la política pública destinada a la integración socio urbana de los barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). La medida cautelar, que alcanza a 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes y otros 26 del conurbano, CABA y el país, emplaza al Estado a presentar, junto con los estados locales, un plan de acción como unidades ejecutoras.
La decisión se tomó en el marco de un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una vecina de un barrio Renabap del distrito que comanda Pablo Zurro y Lorenzo De Vedia, sacerdote de Opción por los Pobres.
El amparo solicitó que se asignen más fondos al Fideicomiso para la Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras de infraestructura en barrios populares. Los demandantes cuestionaron el Decreto 193/24 del Ejecutivo Nacional, que redujo el porcentaje de la recaudación del impuesto PAIS destinado al FISU. Alegaron que esta medida es incompatible con las Leyes 27.453 y 27.541, ya que eliminó la principal fuente de financiamiento para la integración sociourbana.
El FISU es el fondo fiduciario con el que se realizaban las obras que proveían servicio básicos a 850.000 familias en todo el país.
En este marco, el juez Heim también exhortó al Congreso a establecer mecanismos de financiamiento que garanticen la continuidad de la integración socio urbana de los barrios populares registrados.
El fallo estableció que el Estado coordine con el municipio y la Provincia y presente un plan de acción en tres meses para avanzar en la integración socio urbana de los barrios populares, un paso que busca asegurar el acceso a derechos básicos para los habitantes de estas comunidades.
«El fallo le exige al gobierno que en tres meses presente un plan -que deberá articular junto a los gobiernos provinciales- con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana suspendida. De esta forma, cada mes el Ejecutivo debe presentar un informe sobre los avances y el financiamiento de esas políticas», detalló el CELS.
Pero la presentación del CELS fue más amplia, ya que acompañó una demanda inicial que incluyó 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes a la que luego se sumaron otros 26 barrios, que iniciaron sus propias demandas; puntualmente en distintos distritos del conurbano, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.
Fuente: codigobaires.com.ar
